Asesor Fiscal Javier Palacin

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El estado autonómico

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La crisis económica que está sufriendo el país, está sembrando dudas sobre la conveniencia del actual modelo de estado. El hasta ahora incuestionable estado autonómico, comienza a ser criticado y en parte culpado de nuestros males. Los recortes que estamos viviendo están mermando el estado de bienestar. Lo que está generando un creciente malestar social, en una sociedad que ve como los servicios sociales disminuyen, así como la calidad de los mismos. A su vez cada vez es mayor el esfuerzo fiscal que se pide a la ciudadanía.

Hasta ahora los recortes siempre han venido del mismo lado, el ciudadano medio. Subida del gravamen en los diferentes tramos del IRPF, más IVA, bajada del sueldo de los funcionarios, congelación de oferta de empleo público, recortes en sanidad, educación, eliminación de subsidio de desempleo. Sin embargo no se ha tocado la estructura del estado y lo que es más preocupante ni siquiera está en la agenda.

Nuestros políticos nos venden la idea de que los recortes son necesarios, un mal para evitar un mal mayor y hasta ahí estoy de acuerdo, donde no estoy de acuerdo es en donde hay que recortar. El desarrollo del Estado autonómico coincidió con años de bonanza económica, lo que nos permitió creer que podíamos sostener estructuras más amplias de las que ahora la tozuda realidad nos dice que no podemos mantener. Para entender la evolución del modelo autonómico debemos ponernos en el contexto de la época en que se crearon. El actual estado autonómico nace en 1978, su estructura obedece a muchos factores, en primer lugar motivos políticos e históricos. La descentralización permitía satisfacer los intereses nacionalistas. Intereses que habían surgido como resultado de las diferentes identidades sobre las que se ha construido la unidad de la nación española.

autonomias

De este modo, nacen en España 17 comunidades autónomas, agrupadas teniendo en cuenta criterios históricos, geográficos, económicos y políticos. Las comunidades, consideradas como “históricas” son las primeras que empiezan a asumir competencias. A la barra libre de competencias le siguen el resto de comunidades. Lo que a la postre supuso una desmembración del estado hasta dejarlo en un papel residual.

Sin embargo, el estado autonómico no ha servido la calmar las aspiraciones nacionalistas pero si para crear 17 administraciones dentro del estado que no han parado de crecer hasta límites insostenibles. La descentralización fue necesaria, pero se realizo por motivos equivocados, satisfacer a los nacionalistas y regionalistas que deseaban ver reconocida una diferenciación cultural en la Constitución y no por motivos de eficiencia en el gasto.

Parecía lógico pensar que una descentralización estructurada en CCAA y Ayuntamientos, se traduciría en instituciones más cercanas a la ciudadanía, ofreciendo más y mejores servicios. Sin embargo se han convertido en instituciones despilfarradoras, y en muchos casos poco transparentes. Por lo que cada vez parece más claro la necesidad de una nueva estructura territorial del Estado, más eficiente y racional, que permita prestar servicios públicos de calidad ante la evidencia de que las comunidades autónomas no han supuesto una mejora.

Estos son algunos de los argumentos por los que la actual Organización territorial del Estado no es eficiente:

Asumir ciertas competencias a generado duplicidades entre las instituciones lo que según recientes estudios supone un derroche de entre 18.000 y 22.000 millones. Este sobrecoste está oculto en la infinidad de entes, consorcios, observatorios, sociedades o fundaciones cuyas tareas mayormente están desempeñadas por otra institución. Todas aquellas instituciones que realicen actividades similares deberían fusionarse, con el fin de evitar solapamientos y un gasto irracional en las arcas públicas.

La descentralización ha supuesto una desmembración del mercado español, la infinidad de regulaciones implantadas en cada comunidad no ha supuesto más que disparidades y barreras entre los diferentes territorios. Las diferencias van desde la existencia de diferentes impuestos, véase el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, hasta horarios comerciales. Estas diferencias rompen la unidad de mercado e incluso suponen una traba más a las inversiones, especialmente las extranjeras.

El número de ayuntamientos es desproporcionado a su número de habitantes, fusionando los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes que hay en España, el estado ahorraría hasta 4.000 millones de euros. De este modo el papel de las diputaciones dejaría de tener sentido, ya que su función es proporcionar aquellos servicios que los ayuntamientos de menor tamaño no tienen capacidad de suministrar, por ejemplo los ambulatorios. La eliminación de estos municipios supondría pasar de 68.000 concejales a 21.000, así como una reducción de altos cargos, coches oficiales, etcétera.

Los regímenes forales, aunque amparados en la constitución tienen una legitimidad dudosa hoy en día. En primer lugar la única comunidad Foral es Navarra, en el caso de Euskadi se le concedió este privilegio en el año 1978 sin ninguna legitimidad histórica. La existencia de un régimen foral y otro común genera desigualdades e injusticias, especialmente para las regiones limítrofes que ven como su industria se instala en las comunidades forales donde disfrutan de una menor tributación. Impidiendo la posibilidad de competir con ellas al no tener competencias normativas en el impuesto de sociedades. Esta competencia desleal merma las posibilidades de crecimiento de las regiones fronterizas e impide que compitan en igualdad de condiciones.

Se debería poner fin a estos privilegios, y buscar la convergencia fiscal a nivel nacional, con el fin de poder garantizar la igualdad entre todos los españoles. Numerosos estudios independientes demuestran que tanto el convenio económico con Navarra como el concierto económico Vasco, no cubren todos los servicios que el estado proporciona en estos territorios. El cupo, atiende más a criterios y reglas políticos más que a criterios económicos, lo que supone una sistemática infravaloración de los costes de las competencias que el estado desempeña en estas comunidades. Al fin y al cabo, la contribución de estas comunidades al estado acaba dependiendo del apoyo de los partidos nacionalistas en las votaciones de los presupuestos del estado, produciéndose un agravio comparativo con el resto de ciudadanos españoles. El País Vasco cuenta con unos recursos por habitante de 4.712,7 euros mientras que en Navarra es de 4.156,6 euros. Lo que supone que los ciudadanos de estas comunidades disponen del doble de recursos que el resto del país.

Por otra parte la descentralización desaprovecha las ventajas que proporcionan las economías de escala. Existen competencias que de ser gestionadas a nivel estatal permitirían un importante ahorro, el ejemplo más evidente es la sanidad. En definitiva las dificultades económicas que atraviesa el país tienen mucho que ver con la estructura del estado autonómico, ya que en gran medida son las artífices de buena parte del déficit y la deuda.

Atajar el problema del déficit pasa por ajustar el tamaño de las autonomías, eliminar Diputaciones y fusionar municipios. Es necesario adelgazar la estructura del estado. Por otra parte considero que sería un error mermar aun mas las competencias del estado, ya la gestión estatal de muchas competencias es la única manera de garantizar la cohesión y la igualdad entre los españoles. No creo en una España centralista , pero la descentralización debe ser viable y en ningún caso debe servir para aumentar los desequilibrios o generar desigualdades. La descentralización tiene sentido en la medida en que supone una optimización del gasto y un mejor servicio.

El proceso de descentralización no se ha llevado a cabo correctamente, y en muchos casos solo ha servido para sobredimensionar estructuras dentro de las comunidades, creando instituciones poco transparentes, de escasa utilidad pública y que responden al clientelismo más rancio. Se trata de instituciones, fundaciones, y observatorios copadas por familiares de políticos. Los llamados cargos de libre asignación son desempeñados en muchos casos por familiares o amigos sin cualificación, y con dudosa o nula experiencia en el campo.
El enchufismo es uno de los males endémicos de este país, y acabar con los privilegiados de la dedocracia no va a ser tarea fácil. El pasado ano salía a la luz que Anna Hernández, esposa de José Montilla, acumulaba una quincena de cargos públicos. El disparate y la desfachatez de algunos de nuestros políticos no tienen límite. Este es un de los muchos ejemplos de cómo el desarrollo autonómico no ha servido para sus fines, impulsar el desarrollo económico y social, sino para servir a los intereses de los caciques locales o regionales. Esperemos que algún día surja en España algún político que no obedezca a los intereses de su partido, familiares o amigos sino al de los ciudadanos y promulgue una ley de incompatibilidades de cargos. La política debería ser una profesión por vocación, no por lucro.

Las comunidades han pasado a desempeñar funciones que en ningún caso pueden ser eficientes ni de utilidad a nivel regional, cual es el sentido de tener 13 televisiones autonómicas, los canales regionales costaron al contribuyente 2.000 millones de euros el año pasado, más un endeudamiento de 1.500 millones por los déficits de explotación del pasado. Las televisiones autonómicas, no son más otro nido de amigos, eso sí muy costosos para el contribuyente. Véase el caso de Catalunya Radio que cuenta con 2.600 empleados, frente a los 1.275 de Tele 5, que le supera ampliamente en audiencia.

En resumen, creo que es necesario refundar el estado. Tener 17 tribunales de cuentas, o defensores del pueblo no suponen un mejor servicio para la ciudadanía, pero si un terrible coste. Se trata de acabar con el despilfarro, las comunidades tienen cabida en nuestro estado, pero la descentralización no puede ser irracional sino que debe atender a criterios de eficiencia. El actual modelo organizativo y burocrático no se puede sostener, debería adelgazar y ajustarse a las posibilidades que el país tiene en este momento. Las instituciones deberían ser más transparentes, así como la elección de sus cargos, España necesita una estructura de estado más democrática.

Written by javierpalacin

September 7, 2012 at 3:26 pm